En el Pleno celebrado ayer, 30 de enero, se debatió una moción de Cs que pedía apoyar las instituciones del estado, con especial mención al Rey, y no realizar más concesiones a los Grupos Independentistas. Sin embargo, esta moción no salió adelante por el voto en contra de Verdes y PSOE.
Desde el Equipo de Gobierno únicamente se indicó que era una moción en la que Villena no tiene competencia, y por ello votaban en contra. Cambian de criterio constantemente en función de lo que interese, pues no pensaban esto cuando desde los Verdes se presentaban mociones sobre Israel, Sáhara, Armenia, etc. En cualquier caso, podrían haberse abstenido como símbolo de ‘no pronunciamento’, pero votaron en contra.
Desde el PP pensamos que en un momento actual es importante mostrar el apoyo, respeto y respaldo a las institucionales constitucionales que constituyen los pilares básicos de nuestra democracia. Tenemos que defender las reglas del juego para evitar la injusta arbitrariedad en la aplicación de la Ley y que en España se ataque a la independencia judicial.
La arbitrariedad se da cuando se aplica la Ley de una forma u otra atendiendo al sujeto que ha cometido un delito en lugar de atender al hecho delictivo. Incluso proponiendo un cambio del Código Penal para rebajar el castigo. De hecho, el Gobierno no quiere ni oír hablar del artículo 155 en un territorio en que se producían ataques violentos a policía e instituciones por parte de aquellos a quienes les ‘importa un comino’ la gobernabilidad de España, mientras que sí abre la puerta a la aplicación de este artículo en Murcia para retirar una medida política.
Un estado puede convertirse en autoritario si se vuelve a concentrar el poder y las decisiones en una única institución. Montesquieu planteó la clásica división de poderes para evitar la tiranía de las monarquías absolutas que concentraban el poder legislativo, judicial y ejecutivo, con especial mención a la independencia judicial. Cuando se nombra Fiscal General del Estado a alguien que una semana antes era Ministra se ataca a la independencia judicial. La Fiscalía es una institución independiente e integrada en el Poder Judicial, que tiene autonomía funcional. Sin embargo, esta institución con una ministra a la cabeza, no tiene, respecto al Gobierno, mucha autonomía. Ya no es que el Gobierno proponga el nombramiento, es que directamente nombra como Fiscal General del Estado a un miembro del Gobierno.
Estas acciones derivan en un aumento de la arbitrariedad, de los ataques a la independencia de la justicia, y con ello en un aumento de la desconfianza de los ciudadanos, el alejamiento de las instituciones, etc.